domingo, 10 de abril de 2011

Se descubre más profunda la cloaca financiera del Estado

Todavía no terminaba la semana en que Narciso Agúndez había rehusado entregar personalmente la deteriorada administración pública de su sexenio, cuando los sudcalifornianos nos enteramos de nuevas deudas que el anterior gobierno había ocultado a los ciudadanos bajo el manto encubridor del actual secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, ratificado en su puesto por el gobernador que obtuvo un contundente triunfo electoral el 6 de febrero clamando en su campaña que el suyo sería un gobierno contra la corrupción y la falta de transparencia.

A partir de este viernes 8 de abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa en su portal de consulta abierta que la deuda a largo plazo de BCS al cierre de 2010 fue de 2 mil 224 millones de pesos, es decir, 591 millones mayor que la que se había informado en el mes de septiembre del mismo año.

Tales cifras nos indican que la administración pública de BCS aumentó su adeudo en 668 millones de pesos tan sólo en los últimos tres meses de 2010. El gobierno de Narciso Agúndez no solo contrató nueva deuda sino que lo guardó en el más cerrado secreto, mostrando un extraordinario celo en que no se hiciera público este gigantesco crecimiento del pasivo que tuvo lugar, precisamente, en el periodo más álgido de la campaña electoral.

Para que tengamos una idea de la magnitud de esta cantidad que se ocultó a los sudcalifornianos, consideremos que en los treinta años de gobierno de los cinco sexenios previos a Agúndez se habían acumulado 572 millones de pesos de deuda. Consideremos, también, que de acuerdo con la Ley de Ingresos de 2011 se prevé que el total de los ingresos propios del gobierno del Estado serán apenas de 598 millones.

Desconocemos a qué acuerdos haya podido haber llegado Marcos Covarrubias con la federación, pero lo que es seguro es que esa deuda contraída con la banca necesariamente habremos de pagarla. No hay ninguna posibilidad de evadirla, ni de que sea pagada por el gobierno federal a causa de la afinidad partidaria que ahora nuestro gobernador tiene explícitamente con el presidente de la República.

Con estos nuevos datos reveladores, sabemos que los compromisos de pago a largo plazo que nuestro gobierno tiene son mayores a los 2 mil 661 millones de pesos, considerando los 360 millones que Agúndez comprometió para el mantenimiento del CRIT cuya propiedad es de la empresa televisiva que se dice es la más rica de América latina.

Pero además, a estas cantidades habría que sumar la deuda a corto plazo, la cual seguramente es mayor a los mil millones de pesos, pero es imposible inferirla con exactitud porque los estados financieros de nuestro gobierno son una verdadera joya que sorprenderían a los contadores más experimentados en el maravilloso mundo de la contabilidad gubernamental.

En el Balance de diciembre de 2010 encontramos un estado financiero en cuyo apartado del patrimonio no fueron sumadas sus partes integrantes para evitar presentar la evidencia de una pérdida patrimonial reciente por más de 1 mil 396 millones de pesos y de un quebranto actualizado del gobierno del Estado por 256 millones 781 mil 856 pesos.¡Extraordinario!

Con estos resultados, José Antonio Ramírez Gómez realmente merece ser felicitado por haber conseguido que, pese a ellos, se le haya ratificado en este gobierno del cambio.

miércoles, 6 de abril de 2011

La coincidencia de Agúndez y Covarrubias: José Antonio Ramírez Gómez

El talón de Aquiles del gobierno de Narciso Agúndez fue el manejo de las finanzas públicas. A partir de 2009 fue evidente que de las arcas estatales estaban brotando las peores excrecencias de la administración gubernamental de BCS. Desafortunadamente para todos, y particularmente para José Antonio Ramírez Gómez, la generalidad de los datos financieros indican que el arribo de él a la secretaría de Finanzas coincide con un abrupto desvencijamiento de los mecanismos de control propios de una correcta administración del erario.

El 21 de octubre de 2008 Narciso Agúndez Montaño designó a José Antonio Ramírez Gómez, originario de Tijuana, como secretario de Finanzas en sustitución de Nabor García Aguirre, quien una semana antes había fallecido en un accidente aéreo a 20 kilómetros del aeropuerto de Monterrey, Nuevo Leon.

Un mes después de que asumió la titularidad de la secretaría de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez tenía ya negociada una solicitud de crédito revolvente del gobierno del estado por 220 millones de pesos, la cual fue aprobada por el legislativo el 27 de noviembre de 2008. La danza de los millones apenas empezaba. (Decreto 1776)

El 12 de diciembre del mismo año, a petición del ejecutivo, los legisladores aprobaron la contratación de un crédito por hasta mil 372 millones de pesos sin importarles que, apenas cuatro días antes, habían avalado la ley de ingresos en la que el secretario de Finanzas no había incluido un solo centavo por concepto de endeudamiento. (Decreto 1786)

El 26 de noviembre de 2009, el ejecutivo estatal solicitó afectar el presupuesto de egresos por 80 millones de UDIS (aproximadamente 360 millones de pesos) que deberían ser cubiertos en un plazo de 10 años y destinados al mantenimiento del CRIT, instituto propiedad de la empresa televisiva que se dice es la más rica de América latina, mientras ese mismo año presupuestaban para nuestro Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) menos de 8 millones de pesos. (Decreto 1817)

En vísperas de la navidad más reciente, fue aprobada la ley de ingresos de 2011 que incluía la adquisición de nueva deuda por 150 millones de pesos.

Los datos arriba mencionados nos informan que el tijuanense, en sus dos años y medio al frente de la secretaría de Finanzas, ha solicitado, y obtenido, autorización para afectar los egresos del gobierno del estado por 2 mil 102 millones de pesos, en tanto que los cinco sexenios previos a Narciso, en conjunto, acumularon deuda apenas por 572 millones de pesos.

Por otro lado, debe destacarse que según los informes de la organización Transparencia Mexicana, BCS ocupó en 2003 y 2005 el primer y tercer lugar, respectivamente, entre las 32 entidades federativas, en los índices de buen gobierno y corrupción más baja. En 2009 y 2010, en contraparte, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), BCS obtuvo el último lugar en transparencia.

En estas circunstancias, el discurso de Marcos Covarrubias, posterior a su toma de protesta, no podía sino entusiasmarnos por su pronunciamiento expreso a favor de un gobierno que destierre la desatención y la corrupción; a favor de la transparencia y eficiencia para hacer buen uso de los recursos públicos y de la rendición de cuentas claras a los ciudadanos.

Sin embargo, hoy que hemos conocido la ratificación de José Antonio Ramírez Gómez como secretario de Finanzas del gobierno encabezado por Marcos Covarrubias Villaseñor, no podemos sino preguntarnos quiénes estarán a cargo de la auditoría que, de acuerdo con el discurso de toma de posesión del nuevo gobernador, se hará a la secretaría que en los dos últimos años ha sido la más señalada por falta de transparencia, y, en algunos casos, de corrupción franca. Si en general la administración de Agúndez fue percibida como corrupta, el área de finanzas fue emblemática en su liderazgo constante en esta materia.

sábado, 2 de abril de 2011

Segunda inauguración del Pabellón Cultural

La gran obra El Pabellón Cultural fue inaugurada, por segunda vez, el día último de marzo, y los festejos continuaron con exhibiciones de gala al menos hasta el viernes primero de abril. El Pabellón es una obra importante si no por su abigarrado diseño, sí por las exageradas cantidades de dinero que se han invertido y continuarán gastándose en este proyecto que no fue aprobado por el congreso del estado, que no sabemos quién lo planeó ni de quién fue la iniciativa de su construcción.

El complejo cultural —enormes y extravagantes moles de cemento— tendrá un costo total, nos informan las autoridades, de 1,500 millones de pesos y en su primera etapa, ésta que fue inaugurada nuevamente, se invirtieron aproximadamente 400 millones. ¿De dónde se obtuvieron estos fondos? El propio gobernador, en su solicitud de ampliación de presupuesto del 2009 al Congreso, informó que los recursos mayoritariamente vinieron de una partida enviada por el gobierno federal para programas de desarrollo social, y que fueron destinados a este pabellón y al par vial de San Lucas.

De la misma manera en que el pueblo sudcaliforniano fue excluido de la toma de decisión, de el diseño y la planeación del extraño recinto que comentamos, los distintos grupos artísticos y culturales sudcalifornianos fueron excluidos también de los festejos que tuvieron lugar en la repetida inauguración de ese edificio al que el escarnio popular ha bautizado como la "piñata gigante" de Los Cabos. En efecto, artistas de extraordinaria calidad satisficieron los refinados gustos de los engalanados cabeños asistentes, aunque los sudcalifornianos lamentamos que a nuestros artistas no se les haya considerado dignos de presentarnos su arte en ese evento memorable.

Nadie se opondría, por supuesto, a la construcción de un edificio que tarde o temprano podrá ser utilizado regularmente para la realización de actividades culturales. Pero a lo que sí nos opusimos fue a que en el peor año económico desde que somos un estado libre y soberano, cuando las administraciones municipales estaban hechas pedazos, el desempleo en su nivel más alto y los rancheros en una de sus peores temporadas, decidiera el gobierno del estado unilateralmente que ese recurso, en principio etiquetado para programas de desarrollo social, fuera invertido en una obra que nadie solicitó y que, para colmo, le fue adjudicada a Luis Cano, cuya cercanísima relación con el gobernador Agúndez es del conocimiento público.

Esta adjudicación ocasionó un evidente malestar en el medio de los constructores y levantó suspicacias acerca de si las bases de la licitación se habrían diseñado o no para que específicamente Luis Cano ganara el concurso. Por otra parte, la adjudicación levantó sospechas por sí misma, pues es ampliamente conocido el hecho de que en la empresa ganadora trabaja un hijo del mismo titular del Ejecutivo.

Si tomamos en consideración que no hubo ningún sector social del Municipio de Los Cabos que abanderara la demanda por aquella gigantesca inversión, cuyo proyecto general aun desconocemos los sudcalifornianos, nos preguntamos: ¿Había alguna necesidad de que la administración pública fuera expuesta a semejante sospecha?

Desde nuestro punto de vista, no. No había ninguna necesidad de dar pábulo al creciente rumor de que el gobernador estaba tratando de oxigenar la falta de liquidez que el propietario de la constructora estaba enfrentando en el gigantesco proyecto "Paraíso del Mar" que desarrollaba en el Mogote de la Bahía de La Paz. Menos aún, si recordamos que el rumor crecía junto al extendido infundio de que NAM era socio también de aquel desarrollo inmobiliario.