Los diputados piden el cese de Alicia Uribe: ¿el de José Antonio Ramírez, cuándo?

Los diputados pidieron ayer, por unanimidad, la destitución de la titular del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad. La razón para pedir la destitución de Alicia Uribe es que no cuenta con ninguna discapacidad. Si la Ley lo exige, que así sea. Si la destitución tiene lugar, como parece ser que sucederá, la medida no será en desdoro de la persona destituída. En todo caso, se estará corrigiendo un error que de origen fue cometido por el titular del Ejecutivo cuando otorgó el nombramiento.

En contraparte, la actitud que los diputados muestren respecto de José Antonio Ramirez Gómez, pudiera significar deshonra en su investidura si continúan mostrándose omisos en ese caso conocido ámpliamente debido a las irregularidades reiteradas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado en el manejo de los recursos federales, particularmente de la SEP, de Salud y del ISIFE, en 2009. ¿Hay alguien que no sepa que el crecimiento inusitado de irregularidades conicide con el arribo del personaje en cuestión a la Secretaría de Finanzas?

Una actitud de fingido desconocimiento del caso Ramírez Gómez, sería un baldón para la actual legislatura. ¿Quién no sabe que José Antonio Ramírez fue acusado públicamente, durante el proceso electoral, por los mismos dirigentes de la coalición gobernante, de haber estado apoyando la candidatura de Marcos Covarrubias?

¿Que necesidad hay de que la suspicacia generada desde entonces siga creciendo innecesariamente? ¿Que necesidad hay de que las instituciones sean manchadas de esta manera, involucrando ahora hasta al mismo Ejecutivo, por omisión, como partícipe beneficiario de aquellas irregularidades que, al menos, debieran ser inmediatamente investigadas y esclarecidas?

No encuentro ninguna razón para que los diputados no voten inmediatamente un punto de acuerdo en el que se pida al Titular del Ejecutvo el inmediato cese del Tesorero del Estado, para que sea llevada a cabo una investigación profesional, honesta, justa y transparente.

No creo que los diputados desconozcan qué clase de institución es la Auditoría Superior de la Federación. No creo que permanezcan pasivos conociendo los dictámenes que la ASF ha emitido desde 2007 y la forma tan exagerada en que las irregularidades detectadas se han incrementado desde el arribo de Ramírez Gómez a la Secretaría del ramo. Tan sólo en los fondos de SEP, las irregularidades detectadas en 2007 fueron por 330 millones de pesos; y en 2008, por más de 790 millones, mientras que en 2009, rebasaron ya los 1, 168 millones.

¿Que esperan nuestros diputados?

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