lunes, 16 de septiembre de 2013

Fondo para educación, en disputa

La reforma hacendaria planteada por el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) despojará a los gobiernos de los estados del manejo de un gran fondo financiero destinado a la educación. Lo mismo sucederá en materia de salud, aunque hoy nuestras observaciones las circunscribiremos al sector educativo porque es a éste al que en esta coyuntura de reformas le ha llovido sobre mojado.

Hasta hoy, los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de administrar los procesos educativos en sus estados, incluida en ellos la administración de los fondos públicos federales que se destinan a educación a través del conocido ramo 33 y de uno de sus fondos específicos cuyo nombre oficial es Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB).

La reforma fiscal recientemente enviada por EPN a los legisladores federales, para su aprobación, elimina dicho ramo 33, y con ello suprime a los gobiernos estatales como administradores de los recursos económicos y otorga al gobierno federal la potestad financiera, pero continúa recayendo en los estados la responsabilidad diaria de educar a sus niños y jóvenes.

En otras palabras, los estados libres y soberanos no serán, en materia educativa, sino meros peones del gobierno central, con lo que el federalismo recibe un duro golpe ante la perspectiva de volver a los viejos tiempos de control autoritario central -bajo presión financiera- de las entidades federativas.

El gobierno de EPN ha buscado que se filtre a los medios de comunicación la idea de que esta medida depredadora del federalismo en materia financiera-educativa, obedece al recurrente manejo irregular del Fondo de Aportaciones para Educación Básica por parte de los gobiernos estatales, lo que seguramente ha de ser verdad en muchos de los casos , pero la estrategia planteada parece no buscar corregir ni castigar los vicios de corrupción imperantes en las entidades federativas sino tener el arma financiera como un permanente medio de chantaje contra los gobiernos locales.

Bien harían los gobernadores de los estados en oponerse abierta y valientemente a esta medida con la que ellos, de ser aprobada, serán tratados como meros capataces que vigilarán sólo la observancia de buena conducta por parte de los educadores, tarea vergonzosa en un gobernante y denigrante para sus trabajadores.

En el caso de Baja California Sur, desafortunadamente, el gobernador Marcos Covarrubias se encuentra atado de manos para oponerse a las pretensiones del gobierno federal debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado que de las últimas tres revisiones practicadas a las entidades federativas, Baja California Sur ha sido uno de los estados en que se han encontrado las mayores irregularidades en el manejo del FAEB.

En efecto, de las últimas tres auditorías cuyos resultados ha dado a conocer la ASF, se sabe que de los 6 mil 902 millones de pesos que se recibieron para educación en los años de 2009 a 2011, 1 mil 843 millones fueron administrados fuera de la norma, es decir, el 26.7% de los recursos recibidos  fueron manejados irregularmente. En los tres años, el secretario de Finanzas ha sido el mismo que hoy lo es con Marcos Covarrubias y que antes lo fue con Narciso Agúndez Montaño: José Antonio Ramírez Gómez.

Nuestra opinión sobre las implicaciones que esta situación tiene para el estado y el magisterio sudcaliforniano la daremos a conocer en las próximas dos publicaciones en este mismo espacio.

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