domingo, 26 de diciembre de 2010

El movimiento ciudadano de 1999 (segunda parte)

La Ley Estatal del Transporte: primera escaramuza

Cuando en el verano de 1997 Guillermo Mercado Romero firmó la iniciativa de Ley Estatal del Transporte para enviarla al congreso del Estado de BCS, no podía haber imaginado que lo que en los hechos estaba signando era una convocatoria para la formación de un nuevo agrupamiento político al interior de su propio partido. Menos, podía haber previsto en aquel entonces que dicho agrupamiento iba a ser el que, sin proponérselo encabezaría el movimiento social sudcaliforniano que desbancaría al PRI del poder en BCS antes de que se cumplieran dos años de la firma de aquella iniciativa.

La ley propuesta por Mercado Romero era la continuación jurídica de medidas privatizadoras y pro empresariales que habían sido impulsadas por Carlos Salinas de Gortari y cuya aprobación en las entidades federativas se estaban llevando a cabo con retraso. De manera similar a como las reformas del artículo 27 constitucional posibilitaban que la propiedad colectiva del suelo fuera modificada para hacer posible la individualización y venta de propiedades ejidales a verdaderos acaparadores de tierras, así la Ley Estatal del Transporte promovía, en el estado, la posibilidad de que las personas con mayores recursos financieros pudieran comprar tantas concesiones como sus posibilidades económica se los permitiera, sin considerar que los solicitantes pertenecieran o no al medio del transporte, o si fueran o no auténticos trabajadores del volante, requisitos que hasta entonces eran considerados prioritarios en BCS en el proceso de otorgamiento de concesiones en el servicio de transporte.

Durante aquel verano de 1997, reiteradamente se dejaron oír voces de protesta contra aquella ley abiertamente monopólica. Pedro Enrique López, Felipe Acevedo y otros dirigentes de taxistas de la ASATA, así como líderes camioneros cetemistas y cenopistas, realmente estuvieron entonces a la altura de las circunstancias. Las asambleas y discusiones en sitios de taxis y otras organizaciones de transportistas fueron frecuentes. A lo largo y ancho de la media península, los afectados escribían y portaban en sus vehículos las consignas de rechazo a la iniciativa de ley y a la conformación de verdaderos pulpos del transporte, mientras el gobierno estatal, insensible, se empecinaba en la aprobación de su triste documento.

A partir de septiembre, un nuevo elemento, inusitado en la amodorrada política sudcaliforniana, trajo renovadas esperanzas a los trabajadores del volante de que la propuesta legal de Mercado Romero tenía ciertas posibilidades de ser vencida. Las declaraciones opositoras de Leonel Cota Montaño, entonces presidente municipal de La Paz, rompió la vieja tradición política priísta sudcaliforniana de sometimiento total de las autoridades municipales a las decisiones del ejecutivo estatal. La solidaridad de un edil con sus ciudadanos, antes que el sometimiento al poderoso, no era una conducta que frecuentemente se hubiera observado en Baja California Sur. Sin embargo, como suele ocurrir en circunstancias muy específicas en la historia de los pueblos, tal actitud, en lugar de provocar el recelo ciudadano, alentó decisiones dignas de emulación.

En el mismo mes de septiembre, los diputados y dirigentes de la CNOP y del Movimiento territorial del PRI, Manuel Salgado y Paulino Molina, respectivamente, hicieron pública, en un extenso documento dado a conocer ampliamente a los medios de comunicación, una bien fundamentada crítica a la ley mercadista. Dicho documento provocó de inmediato reacciones encontradas tanto en la clase política como en diversos sectores de la población. Los beneficiarios de privilegios al amparo del poder, por supuesto, no tardaron en acusar a los diputados de irrespetuosos, traidores, de sedientos de reconocimiento público y de ambiciosos de poder. Por su papel como dirigentes de sectores internos del PRI, como diputados y como ciudadanos que individualmente eligieron un nuevo rol en su vida política, estas dos últimas personalidades—de quienes este narrador no tenía ninguna noticia de que fueran poseedores de antecedentes opositores—desempeñaron un papel relevante en la conformación de la nueva fuerza social que nacía como opositora a las viejas formas de servilismo frente al autoritarismo gubernamental que abiertamente impulsaba medidas que dañaban el ya deteriorado tejido social sudcaliforniano.

La decidida actitud opositora de Manuel Salgado y Paulino Molina a la ley del transporte llevó aire fresco al recinto legislativo del congreso de BCS. No es exagerado decir que la octava legislatura antes de la discusión de la ley del transporte fue muy distinta a la que vino a ser después de que nuevos agrupamientos empezaron a conformarse al calor de las discusiones que a partir de entonces ya no cesaron. A la posición crítica de los primeros dos diputados del partido oficial, se adhirió la también diputada priísta Juanita Hernández Paularena, y la adhesión del único diputado perredista, Guillermo Bermudez Almada, no se hizo esperar, bien haya sido por amistad y paisanaje con la diputada Hernández Paularena o por una razonada oposición ideológica contra las reminiscencias del salinismo que eran evidentes en la citada iniciativa. Javier Obregón Espinoza, a la sazón diputado panista, se opuso también a la aprobación de la ley, de la misma manera en que finalmente lo hicieron sus correligionarios Lourdes Orduño, Francisco Portela, Guadalupe Mendoza, Humberto Barrera y Cesáreo Sánchez López.

El día 2 de diciembre de 1997 fue finalmente aprobada la ley, pero en ella no se encontraba ya la posibilidad de que los adinerados se apropiaran de las concesiones del transporte. Sin duda, la eliminación de la parte monopólica de la iniciativa fue un triunfo inesperado y significativo de los opositores, pues a partir de entonces fue evidente que el viejo régimen ya no las tenía todas consigo. El triunfo trajo, además, nuevas esperanzas, optimismo y ánimo en los nuevos actores que en esa escaramuza inicial empezaron a perfilarse como los personajes políticos que más tarde, como veremos luego, conformarían la fuerza que en BCS se haría del poder el 7 de febrero de 1999.

El movimiento ciudadano de 1999:

martes, 21 de diciembre de 2010

El movimiento ciudadano de 1999 (primera parte)

Me preguntas, amigo, cómo fue la campaña electoral de 1999, y quieres saber también por qué hoy no me ves involucrado en esta campaña que es continuidad de aquella que empezó hace doce años. Contesto con franqueza a la segunda de tus inquietudes diciendo que me es muy difícil explicármelo a mí mismo y, más aún, a otros. A la primera pregunta puedo responder sin una seguridad plena de darte una idea clara de cómo fueron aquellos acontecimientos, porque creo que las vivencias, aun las colectivas, las interpreta cada quien desde sus muy personales circunstancias.

Dicho esto, puedo describirte lo que primero se me viene a la memoria cuando recuerdo aquellos acontecimientos plenos de gente sonriente, optimista y atrevida; de calles cubiertas de activistas que, volante en mano, trataban de conquistar ciudadanos para su causa; de parques y estadios de multitudes con banderines, sin duda, hechos en casa, multiformes y vigorosamente ondeantes; de festejos maleconeros de todos los colores, pero con un sobresaliente amarillo frecuentemente salpicado por el gigantesco rojo de la bandera petista.

Aquellos eran tiempos en que la Coalición Democrática y del Trabajo no tenía recursos para hacer campaña en la cuantía que hoy impudorosamente se exhibe. Eran tiempos de verdadera y forzada austeridad. Tiempos en los que Leonel Cota recorría el estado clamando “¡ya basta de gobiernos ricos y pueblos pobres!”, mientras sus seguidores, frecuentemente sin propaganda, emulándolo, en grupos chicos o grandes, ascendían los cerros para llevar a sus iguales el mensaje. Cientos de personas, si no es que miles, recorrieron sus comunidades, municipios y el estado sin más recursos que los que ellos mismos se proveían y, a veces, con orgullo, podían aún decir que habían patrocinado a una comisión enviada a alguna localidad remota. No es extraño, bajo estas circunstancias, que ese movimiento popular que se creó a sí mismo, desde abajo, haya sido reconocido como imbatible por sus propios adversarios desde mucho antes de que el proceso electoral llegara a su conclusión, y de que haya sido saludado con respeto por casi todos los sectores de la sociedad sudcaliforniana.

Antes, mucho antes de que los votos cayeran en las urnas el 7 de febrero, la victoria moral ya había sido conquistada por aquel gentío movilizado en torno a un liderazgo salido de entre ellos mismos, y organizados en dos partidos hasta entonces absolutamente minoritarios. Cuando la victoria moral ha sido alcanzada por las masas en movimiento, amigo mío, no hay institución o poder humano que pueda derrotar tal vorágine participativa. Y es precisamente este deseo de involucramiento consciente del sector mayoritario de la sociedad en los asuntos relevantes de la vida pública lo que vuelve tan poderoso a un movimiento ciudadano

La demanda de “participación ciudadana” que se esparció como semilla buena en campo fértil en el 99 sudcaliforniano, tuvo dos acepciones que aún no han sido suficientemente analizadas. Para la clase política de la Alianza Democrática Sudcaliforniana, de la Alianza por la Dignidad y la Democracia y, más tarde, de la Coalición Democrática y del Trabajo, el principal significado de la exigencia de “participación ciudadana” estaba relacionado sólo con la participación de las bases en la elección de candidatos. Sin embargo, para una amplia mayoría de la población participante en el movimiento ciudadano, la misma consigna tenía un significado más amplio, en el que se incluía el proceso de designación de candidatos pero se extendía hasta una demanda por participar en asuntos más relevantes y de mayor envergadura. Leonel tuvo la suficiente perspicacia para notar este rasgo singular de la demanda e incorporarla en su decálogo de propuestas, bajo la forma concreta de que los trabajadores de la educación, de salud y de cultura decidirían quiénes serían sus secretarios y director, respectivamente. La intensidad con que los maestros, médicos y trabajadores y realizadores de cultura se volcaron a favor de la coalición, a partir de entonces, muestra con suficiente claridad el alcance de tal consigna.

A petición expresa de un apreciado amigo, hoy he presentado la introducción a un inicio de análisis del espíritu del movimiento del 99, su liderazgo, sus organizaciones y sus principales consignas. En lo sucesivo, hasta donde sea posible, trataré de describirlos en una reseña sucinta de los principales acontecimientos que a partir de 1997 desembocaron en el triunfo de la Coalición Democrática y del Trabajo el día 7 de febrero de 1999. Lo anterior, con el propósito de estimular otros trabajos que, ellos sí, realmente ayuden al entendimiento del alcance y limitaciones de este movimiento ciudadano.

El movimiento ciudadano de 1999:

lunes, 20 de diciembre de 2010

Crecimiento de la deuda pública y daño patrimonial

Cuando de las arcas públicas estatales están brotando las peores excrecencias, hasta los dirigentes del PRD y PT se sienten obligados a declarar contra el pésimo manejo de las finanzas del gobierno del estado. Sin embargo, como era de esperarse, los líderes de los partidos gobernantes han hecho responsable a José Antonio Ramírez Gómez, secretario de Finanzas, del crecimiento desmedido de la deuda pública y han salvaguardado la honra de Narciso Agúndez, de quien sólo dicen que él “ha realizado una inversión importante y sostenida en renglones como vivienda, pavimentación, salud y obra pública” (Tribuna de La Paz, sábado 18 de diciembre, p.22).

Sin detenernos a discutir esta exoneración que los dirigentes políticos obsequian a su jefe, al menos es una muestra de que el nivel de percepción ciudadana de la corrupción que se vive en BCS ya no es ocultable, ni siquiera en las filas de los mismísimos partidos coaligados en el gobierno, PRD y PT.

Efectivamente, la deuda pública en BCS ha crecido sin medida. Al inicio del 2005, año en que Narciso Agúndez recibió la administración, la deuda a largo plazo acumulada por los cinco sexenios gubernamentales anteriores era de 572 millones de pesos, según informa la SHCP. Y según esta misma secretaría, el día de hoy la deuda a largo plazo es de 1,633 millones. Pero crecerá 150 millones más porque el Congreso, en su último día de sesiones de este año, aprobó un nuevo endeudamiento por dicho monto. Si a estas cantidades se añade el compromiso financiero de 360 millones que Agúndez adquirió con Televisa (pagaderos a 10 años para solventar los gastos de operación del CRIT), tenemos una deuda a largo plazo superior a los 2,140 millones de pesos, ¡que multiplica casi por cuatro la que Narciso recibió al inicio de su gobierno!

Pero con el reconocimiento de la deuda a largo plazo no se acaban nuestras penas. Todavía necesitamos aclarar que el pasivo a corto plazo en este año, según informa la Secretaría de Finanzas estatal en su balance de agosto, es de 1,517 millones de pesos.

Estos datos, realmente terribles, sólo pueden dejar impávidos a verdaderos pillos, simuladores o ignorantes… o a quienes simulan ser ignorantes. Las cifras las proporcionó el propio Gobernador cuando solicitó autorización de modificación presupuestal para este año al congreso del estado. Vean esto: en 2010, los pagos por servicio de la deuda (intereses, vencimientos y pagos del fideicomiso administrador de deuda) sobrepasaron los ¡542 millones de pesos! Sólo con el pago del servicio anual de la deuda estamos cubriendo casi la misma cantidad de deuda que los cinco gobernadores anteriores habían acumulado en 30 años. ¡Qué bárbaro! Lo increíble no es que los dirigentes políticos del PRD y del PT hoy levanten la voz contra el secretario de Finanzas; lo verdaderamente asombroso es que la alcen cuando las acciones perpetradas ya no tienen ningún remedio.

Y por si todavía tuviéramos un espacio en nuestra capacidad de asombro, permítanme rematar con el corolario obligado de esta desastrosa administración de los recursos públicos: después de los datos que he mostrado a ustedes, obtenidos de los informes de la SHCP y de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, tenemos que el daño patrimonial al gobierno del estado tan sólo en 2010 ha sido de 632 millones, 799 mil pesos, según se desprende del balance de Finanzas de agosto pasado. Es entendible que, en años económicos muy difíciles, las instituciones que no pueden o no desean acceder al sistema crediticio para resolver sus problemas de liquidez vean disminuido el valor de su patrimonio; pero resulta muy extraño que precisamente en un año en que la deuda se ha incrementado en forma exagerada, el valor del patrimonio disminuya de manera alarmante, como ha sucedido en este año.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

LAD Y SU PROYECTO DE GOBIERNO

El proyecto de gobierno de Luis Armando Díaz (LAD) es abiertamente proempresarial, aunque se le presenta aderezado con jerga tomada de los documentos básicos del PRD para justificar la búsqueda del poder desde una coalición de “izquierda”. Sin embargo, si ponemos atención a los discursos de campaña del candidato perredista, veremos claramente que tras sus expresiones populistas se esconden propuestas orientadas al servicio de los grandes capitales, nacionales y extranjeros.

El modelo de desarrollo turístico masivo que los empresarios han impulsado en Los Cabos, permitido y alentado por los distintos gobiernos locales, incluido el de LAD mismo cuando fue presidente municipal, es un modelo ya agotado en el extremo sur de la península, sobre todo por el creciente deterioro de los frágiles equilibrios ambientales, por la agudización del problema del agua y por el crecimiento de los cinturones de miseria en el principal destino turístico sudcaliforniano. Los voraces capitales que merodean nuestras costas buscan hoy extenderse hacia un norte de la entidad sediento de inversiones.

Es en esta realidad donde se inscribe el discurso de LAD, que promete hacer de BCS un inmenso corredor en el que se desarrolle el tradicional turismo masivo, depredador, cuya posible concreción estimula la imaginación de no pocos sudcalifornianos y la ambición de empresarios que calculan que la existencia de agua en la región será superior a los 25 años, periodo en el cual se planea la recuperación de la inversión total y en el que se asegura una jugosa utilidad anual sostenida. Pasado este tiempo, y cubierta a plenitud la depreciación de edificios y maquinaria, las construcciones y localidades podrán ser tranquilamente abandonadas a su suerte para buscar nuevas áreas geográficas de inversión con disponibilidad de agua y periodos de vida saludable superior al cuarto de siglo.

Luis Armando Díaz ha expresado reiteradamente, en distintos foros y medios de comunicación, que su gobierno estará orientado en primer lugar a la búsqueda del crecimiento económico y, después, al logro de mejores índices de bienestar social. La insistente repetición de estos conceptos me recuerdan los discursos de campaña y de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien, a pesar de todo lo que dijo, finalizó su sexenio en medio de una devastadora crisis económica y de una situación social brutalmente desequilibrada.

La veta política abiertamente proempresarial de LAD se complementa, sin embargo, con un discurso llano, carente de contenido real, pero sonoro y llamativo, orientado a captar la atención de los ciudadanos pobres para que vean en este candidato venido de abajo, como ellos, la esperanza de una solución a sus penurias. Tal discurso suele estar salpicado de citas que lo alejan de las propuestas de la izquierda genuina y lo exhiben en su peligrosa identidad con la demagogia más descarnada.

Una reflexión serena sobre lo que arriba se ha comentado me lleva irremediablemente a recordar gobiernos que, orientados a servir a los más poderosos empresarios, con un lenguaje demagógico, no siempre laico, y apoyados por legiones de marginados (susceptibles de ser convertidos ocasionalmente en militantes a sueldo o carne de cañón electoral), han ocasionado verdaderos estragos a la sociedad. Y, en medio de una creciente violencia nacional y de un sentimiento de inseguridad, no puedo evitar pensar con inquietud en las características más sobresalientes de los gobiernos fascistas. Una exageración, tal vez. Pero no puedo evitarla.

domingo, 12 de diciembre de 2010

Si el PRD perdiera las elecciones...

Si el PRD perdiera las elecciones de febrero próximo, ¿qué perdería Baja California Sur? Es una pregunta que me he planteado con frecuencia en estas fechas. El gobierno que hoy tenemos es de izquierda, según se autodefinen los gobernantes, o por lo menos algunos de ellos, pues sinceramente no creo que personajes como Narciso Agúndez, Alfredo Porras, Ariel Castro o Antonio Alcántar sean capaces de hacer definiciones de gobiernos de ninguna naturaleza. Repito entonces: si éste es un gobierno de izquierda y el partido en el poder fuera derrotado en las urnas, ¿qué perdería BCS? ¿Qué modelo de desarrollo se truncaría en nuestro estado? ¿Qué proyecto cultural quedaría a medias? ¿Cuáles metas de bienestar social quedarían pendientes de cumplimiento?

El discurso narcisista de los últimos días me lleva a suponer que, desde el punto de vista de la cúpula gobernante, no habrá tareas pendientes; por el contrario, se ufanan de que todo lo escrito en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 ha sido rebasado con creces. Tales aseveraciones, que cada día escuchamos una y otra vez, nos resultan, a una parte la población, verdaderamente exasperantes. Más aún cuando el coro gubernamental es dirigido por el secretario de Desarrollo Económico, el maestro en Ciencias Matemáticas Jorge Vale Sánchez, quien nos informa que el crecimiento del PIB sudcaliforniano es de más del 15% anual promedio en este sexenio. Si lo anterior fuera verdad, esta media península superaría nada menos que a India y China, países que en años recientes han registrado las tasas de crecimiento más elevadas del mundo. ¡Qué bárbaro! ¿Con ese rigor científico habrá dirigido el matemático nuestra universidad hasta hace cinco años y, ahora, el desarrollo económico del estado?

De lo que más se jacta el gobierno narcisista, que no perredista, es de la “obra de infraestructura”. Y aunque en estos días ha desatado una intensa campaña de medios, debe decirse, en honor a la verdad, que no toda la obra publicitada es de inversión estatal, sino que una buena parte, sobre todo la más vistosa, se ha tomado prestada de la Federación o de la iniciativa privada para fines propagandísticos.

LA CARRETERA DE CUATRO CARRILES Y EL NUEVO HOSPITAL SALVATIERRA

No puede el narcisismo, evidentemente, vanagloriarse de la carretera de cuatro carriles que el gobierno federal empezó a ampliar a petición de los empresarios que se benefician de las acciones de desarrollo turístico en Los Cabos, cuyos nombres, extranjeros en su mayoría, seguramente son desconocidos por nuestros héroes de la infraestructura, lo mismo que la nacionalidad y residencia de los verdaderos gestores de la carretera, quienes en última instancia no son más que la personificación de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, que hoy se mueven a lo largo de la península.

Cuando el gobierno del estado habla de su infraestructura, tampoco puede referirse, por supuesto, al nuevo hospital Juan María de Salvatierra, pues el gobierno federal desarrolla obras como ésta en muchas entidades federativas para ser construidas por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, como pago a sus propietarios, seguramente, por la ayuda que de ellos recibió Calderón en su campaña del 2006: hay un sinnúmero de centros hospitalarios que son réplicas exactas unos de otros, construidos todos por ICA. Lo único que me asombra es que Narciso no reclame también como gestión suya los hospitales que se han construido, idénticos al nuevo Salvatierra, en diferentes estados de la República.

EL PABELLON CULTURAL

Otra gran obra es el Pabellón Cultural (del “bicentenario”, como le llama Narciso). Una obra importante, sin duda. Lo es, si no por su abigarrado diseño, sí por las exageradas cantidades de dinero que habrán de gastarse en este proyecto que nadie sabe en dónde se planeó, de qué programa de obras es parte, o en qué presupuesto del Congreso fue aprobado. Tendrá un costo total, nos informan las autoridades, de 1,500 millones de pesos y en su primera etapa, que está por concluir, se llevará aproximadamente 350 millones. ¿De dónde se obtuvieron estos fondos? El propio gobernador, en su solicitud de ampliación de presupuesto del 2009 al Congreso, informó que los recursos vinieron de una partida enviada por el gobierno federal para programas de desarrollo social, y que fueron destinados a este pabellón y al par vial de San Lucas. Nadie se opone, por supuesto, a la construcción de un edificio que tarde o temprano podrá ser utilizado para la realización de actividades culturales. Pero a lo que sí nos oponemos es a que en el peor año económico del país en siete décadas, cuando las administraciones municipales están hechas pedazos, el desempleo en su nivel más alto y los rancheros en una de sus peores temporadas, decida el gobierno del estado unilateralmente que ese recurso, en principio etiquetado para programas de desarrollo social, sea invertido en una obra que nadie ha solicitado y que, para colmo, le fue adjudicada a Luis Cano, cuya cercanísima relación con el gobernador es del conocimiento público. Esta adjudicación ocasionó un evidente malestar en el medio de los constructores y levantó suspicacias acerca de si las bases de la licitación se diseñaron específicamente o no para que Luis Cano ganara el concurso.

EL CRIT DE TELEVISA

La otra obra monumental, actualmente de moda por la colecta del Teletón, es el CRIT de la Fundación Televisa. No debiera esta obra, menos que ninguna otra, ser motivo de orgullo de la administración agundista. Se trata de una institución privada cuya propietaria es una de las empresas más ricas del país, a la que el gobierno del estado se ha comprometido a apoyar con 80 millones de UDIS, es decir, más de 360 millones de pesos que deberán ser cubiertos en un plazo de diez años. ¿No tiene el gobierno del estado instituciones similares, como el CREE, que están prácticamente sin presupuesto en nuestro estado? ¿No hubiera sido más conveniente destinar esos 36 millones de pesos anuales, durante diez años, a dicha institución que es nuestra, que ya tiene edificio, personal y experiencia? ¿Cuál es el plan al querernos hacer pasar por un gobierno altamente solvente y otorgar caridades millonarias a una empresa televisiva que es sobradamente multimillonaria?

Fuera de esto, ¿qué nos queda? En materia de infraestructura, prácticamente nada. No digo que no quede alguna obra. Lo que digo es que a ninguna se le puede llamar, ni de lejos, obra de infraestructura. Hay, es cierto, y qué bueno, algunos ramales en pavimentación que mejoran mucho las condiciones del transporte en las comunidades beneficiadas. Pero incluso en esos casos no hay un plan económico que diga que con tales acciones se está desarrollando esa región para aprovechar alguna de sus ventajas competitivas, e interconectarla con otra que también se está desarrollando, y que ambas regiones en crecimiento se complementan. Por otra parte, se pavimentan calles sin considerar prioridades técnicas de desarrollo urbanístico, de interconexión de vialidades o de vías de acceso a arterias principales; en fin, no hay consideraciones técnicas de ningún tipo, excepto las ocurrencias de los funcionarios en su asignación, o de los personajes que se las hayan solicitado. Estas obras, por no ser parte de un plan, precisamente, no alcanzan el rango de infraestructura. El gobierno estatal parece compartir esta opinión nuestra, pues él mismo las ha publicitado como si se tratara sólo de obras de maquillaje al calificarlas como acciones que “cambian el rostro a BCS”.

LA DISCUSIÓN QUE VIENE

¿Pero son sólo los asuntos relacionados con la obra pública los que definen un proyecto de gobierno? Estoy seguro que no. Pero hoy he abordado este tema debido la extrema importancia que el propio gobierno le concede como elemento de juicio en la calificación de su desempeño. Sin duda otros elementos íntimamente relacionados con la obra pública, son los del manejo de los recursos financieros y el que se refiere la transparencia u opacidad en la rendición de cuentas gubernamentales, temas obligados en el análisis de políticas públicas.

Frente a la avasalladora campaña publicitaria de los logros gubernamentales, ésta es mi primera aportación, conscientemente provocadora, para el inicio de un debate en torno a las propuestas de los partidos o alianzas, en esta muy especial coyuntura electoral en que los principios programáticos y las propuestas de gobierno parecen estar olvidados en un polvoriento rincón donde se guardan viejos cachivaches ideológicos.