domingo, 26 de diciembre de 2010

El movimiento ciudadano de 1999 (segunda parte)

La Ley Estatal del Transporte: primera escaramuza

Cuando en el verano de 1997 Guillermo Mercado Romero firmó la iniciativa de Ley Estatal del Transporte para enviarla al congreso del Estado de BCS, no podía haber imaginado que lo que en los hechos estaba signando era una convocatoria para la formación de un nuevo agrupamiento político al interior de su propio partido. Menos, podía haber previsto en aquel entonces que dicho agrupamiento iba a ser el que, sin proponérselo encabezaría el movimiento social sudcaliforniano que desbancaría al PRI del poder en BCS antes de que se cumplieran dos años de la firma de aquella iniciativa.

La ley propuesta por Mercado Romero era la continuación jurídica de medidas privatizadoras y pro empresariales que habían sido impulsadas por Carlos Salinas de Gortari y cuya aprobación en las entidades federativas se estaban llevando a cabo con retraso. De manera similar a como las reformas del artículo 27 constitucional posibilitaban que la propiedad colectiva del suelo fuera modificada para hacer posible la individualización y venta de propiedades ejidales a verdaderos acaparadores de tierras, así la Ley Estatal del Transporte promovía, en el estado, la posibilidad de que las personas con mayores recursos financieros pudieran comprar tantas concesiones como sus posibilidades económica se los permitiera, sin considerar que los solicitantes pertenecieran o no al medio del transporte, o si fueran o no auténticos trabajadores del volante, requisitos que hasta entonces eran considerados prioritarios en BCS en el proceso de otorgamiento de concesiones en el servicio de transporte.

Durante aquel verano de 1997, reiteradamente se dejaron oír voces de protesta contra aquella ley abiertamente monopólica. Pedro Enrique López, Felipe Acevedo y otros dirigentes de taxistas de la ASATA, así como líderes camioneros cetemistas y cenopistas, realmente estuvieron entonces a la altura de las circunstancias. Las asambleas y discusiones en sitios de taxis y otras organizaciones de transportistas fueron frecuentes. A lo largo y ancho de la media península, los afectados escribían y portaban en sus vehículos las consignas de rechazo a la iniciativa de ley y a la conformación de verdaderos pulpos del transporte, mientras el gobierno estatal, insensible, se empecinaba en la aprobación de su triste documento.

A partir de septiembre, un nuevo elemento, inusitado en la amodorrada política sudcaliforniana, trajo renovadas esperanzas a los trabajadores del volante de que la propuesta legal de Mercado Romero tenía ciertas posibilidades de ser vencida. Las declaraciones opositoras de Leonel Cota Montaño, entonces presidente municipal de La Paz, rompió la vieja tradición política priísta sudcaliforniana de sometimiento total de las autoridades municipales a las decisiones del ejecutivo estatal. La solidaridad de un edil con sus ciudadanos, antes que el sometimiento al poderoso, no era una conducta que frecuentemente se hubiera observado en Baja California Sur. Sin embargo, como suele ocurrir en circunstancias muy específicas en la historia de los pueblos, tal actitud, en lugar de provocar el recelo ciudadano, alentó decisiones dignas de emulación.

En el mismo mes de septiembre, los diputados y dirigentes de la CNOP y del Movimiento territorial del PRI, Manuel Salgado y Paulino Molina, respectivamente, hicieron pública, en un extenso documento dado a conocer ampliamente a los medios de comunicación, una bien fundamentada crítica a la ley mercadista. Dicho documento provocó de inmediato reacciones encontradas tanto en la clase política como en diversos sectores de la población. Los beneficiarios de privilegios al amparo del poder, por supuesto, no tardaron en acusar a los diputados de irrespetuosos, traidores, de sedientos de reconocimiento público y de ambiciosos de poder. Por su papel como dirigentes de sectores internos del PRI, como diputados y como ciudadanos que individualmente eligieron un nuevo rol en su vida política, estas dos últimas personalidades—de quienes este narrador no tenía ninguna noticia de que fueran poseedores de antecedentes opositores—desempeñaron un papel relevante en la conformación de la nueva fuerza social que nacía como opositora a las viejas formas de servilismo frente al autoritarismo gubernamental que abiertamente impulsaba medidas que dañaban el ya deteriorado tejido social sudcaliforniano.

La decidida actitud opositora de Manuel Salgado y Paulino Molina a la ley del transporte llevó aire fresco al recinto legislativo del congreso de BCS. No es exagerado decir que la octava legislatura antes de la discusión de la ley del transporte fue muy distinta a la que vino a ser después de que nuevos agrupamientos empezaron a conformarse al calor de las discusiones que a partir de entonces ya no cesaron. A la posición crítica de los primeros dos diputados del partido oficial, se adhirió la también diputada priísta Juanita Hernández Paularena, y la adhesión del único diputado perredista, Guillermo Bermudez Almada, no se hizo esperar, bien haya sido por amistad y paisanaje con la diputada Hernández Paularena o por una razonada oposición ideológica contra las reminiscencias del salinismo que eran evidentes en la citada iniciativa. Javier Obregón Espinoza, a la sazón diputado panista, se opuso también a la aprobación de la ley, de la misma manera en que finalmente lo hicieron sus correligionarios Lourdes Orduño, Francisco Portela, Guadalupe Mendoza, Humberto Barrera y Cesáreo Sánchez López.

El día 2 de diciembre de 1997 fue finalmente aprobada la ley, pero en ella no se encontraba ya la posibilidad de que los adinerados se apropiaran de las concesiones del transporte. Sin duda, la eliminación de la parte monopólica de la iniciativa fue un triunfo inesperado y significativo de los opositores, pues a partir de entonces fue evidente que el viejo régimen ya no las tenía todas consigo. El triunfo trajo, además, nuevas esperanzas, optimismo y ánimo en los nuevos actores que en esa escaramuza inicial empezaron a perfilarse como los personajes políticos que más tarde, como veremos luego, conformarían la fuerza que en BCS se haría del poder el 7 de febrero de 1999.

El movimiento ciudadano de 1999:

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