jueves, 26 de mayo de 2011

Transparencia gubernamental y certeza de quiebra financiera

En la primera plana de El Sudcaliforniano y de El Peninsular de hoy, 17 de octubre de 2011, se publica una nota que informa que el gobierno de BCS ocupa, en transparencia, el décimo lugar a nivel nacional. Sin que nosotros podamos asegurar en que posición estamos realmente, sí debemos decir que José Antonio Ramírez Gómez, Secretario de Finanzas del Gobierno de BCS, tiene cierta razón cuando declara que la transparencia en la situación financiera del gobierno de BCS ha mejorado.

Efectivamente, hoy tenemos a nuestro alcance los estados financieros básicos de la administración estatal, actualizados hasta el 31 de diciembre de 2010, es decir, hasta fines del gobierno de Narciso Agúndez. Aún cuando hasta hoy los "nuevos" funcionarios mantienen en secreto la información financiera de el actual gobierno, sabemos, por los datos de hasta 2010, que sus finanzas están en quiebra. Somos un Estado prístinamente quebrado.

Si nuestros diputados mostraran sólo un poquito de responsabilidad y gallardía, al amparo de esa documentación que hoy aparece en el portal del gobierno del Estado, pedirían el cese inmediato del Secretario de Finanzas y ordenarían que se iniciara una investigación. Están facultados para ello. Tienen el órgano de fiscalización, que por sí mismo, o contratando los profesionales necesarios, puede realizar la auditoría pertinente.

A partir de la información contenida en los documentos financieros oficiales que hoy son públicos, tenemos la certeza de que hay razones fundadas para exigir la destitución inmediata de José Antonio Ramírez Gómez y el inicio de una investigación a su desempeño como responsable del manejo de las arcas de los sudcalifornianos.

Porque hoy tenemos acceso a esos documentos, sabemos que por primera vez en los 36 años de existencia de BCS como estado libre y soberano, por primera vez, repito, las finanzas públicas están quebradas.

En el balance de diciembre de 2010, por ejemplo, se puede apreciar que la quiebra financiera del gobierno rebasa los 256 millones de pesos (diferencia entre activos totales y pasivos totales). Pero la quiebra realmente es mayor todavía, pues en ese balance no se incluye una deuda a largo plazo por 941 millones de pesos, administrada por dos fideicomisos, según informa la SHCP. Así, tenemos que el quebrantamiento real, al 31 de diciembre de 2010, fue superior a los 1,197 millones de pesos.

El tamaño del desastre financiero del gobierno lo inferimos a partir de una más abundante información con la que afortunadamente hoy contamos, y de cuya permanencia en el portal del gobierno estatal ,debo reconocerlo con pena, dudo. Debido a que esos documentos son, para quienes no estábamos acostumbrados a tener acceso a ellos, una verdadera joya en el análisis financiero, mi inveterada suspicacia me hace temer que en cualquier momento puedan ser retirados de nuestro alcance, sobre todo si se vuelve evidente que los sudcalifornianos podemos utilizar la información oficial que en ellos se ofrece, para mostrar manejos administrativos irregulares.

Sólo como una pequeña muestra, les ofrezco el link con el balance al 31 de diciembre de 2010, que da fe del quebrantamiento patrimonial por más de 256 millones de pesos (diferencia entre el total de activos y total de pasivos).

miércoles, 25 de mayo de 2011

Los diputados piden el cese de Alicia Uribe: ¿el de José Antonio Ramírez, cuándo?

Los diputados pidieron ayer, por unanimidad, la destitución de la titular del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad. La razón para pedir la destitución de Alicia Uribe es que no cuenta con ninguna discapacidad. Si la Ley lo exige, que así sea. Si la destitución tiene lugar, como parece ser que sucederá, la medida no será en desdoro de la persona destituída. En todo caso, se estará corrigiendo un error que de origen fue cometido por el titular del Ejecutivo cuando otorgó el nombramiento.

En contraparte, la actitud que los diputados muestren respecto de José Antonio Ramirez Gómez, pudiera significar deshonra en su investidura si continúan mostrándose omisos en ese caso conocido ámpliamente debido a las irregularidades reiteradas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado en el manejo de los recursos federales, particularmente de la SEP, de Salud y del ISIFE, en 2009. ¿Hay alguien que no sepa que el crecimiento inusitado de irregularidades conicide con el arribo del personaje en cuestión a la Secretaría de Finanzas?

Una actitud de fingido desconocimiento del caso Ramírez Gómez, sería un baldón para la actual legislatura. ¿Quién no sabe que José Antonio Ramírez fue acusado públicamente, durante el proceso electoral, por los mismos dirigentes de la coalición gobernante, de haber estado apoyando la candidatura de Marcos Covarrubias?

¿Que necesidad hay de que la suspicacia generada desde entonces siga creciendo innecesariamente? ¿Que necesidad hay de que las instituciones sean manchadas de esta manera, involucrando ahora hasta al mismo Ejecutivo, por omisión, como partícipe beneficiario de aquellas irregularidades que, al menos, debieran ser inmediatamente investigadas y esclarecidas?

No encuentro ninguna razón para que los diputados no voten inmediatamente un punto de acuerdo en el que se pida al Titular del Ejecutvo el inmediato cese del Tesorero del Estado, para que sea llevada a cabo una investigación profesional, honesta, justa y transparente.

No creo que los diputados desconozcan qué clase de institución es la Auditoría Superior de la Federación. No creo que permanezcan pasivos conociendo los dictámenes que la ASF ha emitido desde 2007 y la forma tan exagerada en que las irregularidades detectadas se han incrementado desde el arribo de Ramírez Gómez a la Secretaría del ramo. Tan sólo en los fondos de SEP, las irregularidades detectadas en 2007 fueron por 330 millones de pesos; y en 2008, por más de 790 millones, mientras que en 2009, rebasaron ya los 1, 168 millones.

¿Que esperan nuestros diputados?

martes, 24 de mayo de 2011

Una percepción distinta del gobierno

A continuación transcribimos una nota con las tribulaciones de Julio López Robles respecto a su necesario cambio de perspectiva sobre las acciones del nuevo gobierno:

Por recomendaciones de personas a las que aprecio mucho, he decidido cambiar el enfoque con que veo algunos aspectos de la vida. He decidido, por ejemplo, cambiar la perspectiva con la que escudriño la actividad política. Resultado de estas modificaciones de óptica, es la visión afortunada que hoy tengo de la extraña relación que Marcos Covarrubias teje con el tijuanense José Antonio Ramírez Gómez.

Hasta hace poco tiempo me indignaba que el gobernador puro valle, que había prometido un cambio profundo en campaña, hubiera ratificado en la Secretaría de Finanzas al ex Tesorero de Agúndez, de quien se dice que tiene la dicha de poseer su propio avión, una casa que semanalmente visita en San Diego y una parentela de rancio abolengo, que incluye lo mismo al cardenal Aguirre Rivero que a Eduardo Sojos y al Secretario de la Reforma Agraria (éste último, según el Vocero del Pueblo).

Pero no era, precisamente, el pedigrí del cuidador de las arcas estatales lo que me inquietaba. Era el papel que el tijuanense había jugado en las finanzas del gobierno de Narciso Agúndez.

Pero como mi ex esposa, mi psicólogo y dos amigos míos a los que antes ayudaba economicamente con una mesada, me han recomendado que me enfoque a ver las cosas positivamente, y no como hasta hoy en la mañana hacía, criticando cuanta cosa no me parecía de la administración pública, de los partidos, del gobierno y de los políticos, ahora tengo una opinión muy diferente del valle-dominguino y del tijuanense.

Antes no toleraba pensar en que la deuda pública, que se había mantenido muy estable por 30 años, se hubiera multiplicado por cinco en los últimos dos años y medio del anterior gobierno, periodo en que Ramírez Gómez estuvo a cargo de la Secretaría de Finanzas. Hoy, me contento de pensar positivamente y valorar el hecho de que nuestro Estado fue el que porcentualmente más se endeudó de 2008 a 2010. ¡Fuimos campeones! ¡Por primera vez batíamos un record! Aunque fuera de endeudamiento, no era para llorar, ¡había que festejarlo!

Hace unas cuantas semanas se hicieron públicos los estados financieros del gobierno del Estado, actualizados hasta el 31 de diciembre de 2010. Me enfureció encontrar en el último balance, los datos indubitables que muestran que nuestro Estado, financieramente, está quebrado. Hoy, con mi nuevo enfoque, me regocijo al pensar que nuestra administración pública ya llegó a la modernidad; por primera vez en 36 años podemos usar un lenguaje propio de la iniciativa privada y decir que nuestro gobierno, también como algunas empresas de la iniciativa privada, está quebrado. ¡Qué bien que el gobierno se administre con los criterios de calidad total como el empresariado! ¡Que bien que la Secretaría de Finanzas se haya certificado según las normas del ISO!

Hoy puedo regocijarme de que Ramírez Gómez sea el Tesorero de Covarrubias. Me agrada pensar que no fue la complicidad en manoseos financieros lo que llevó a nuestro sonriente gobernador a ratificarlo en Finanzas, sino el agradecimiento por el servicio prestado por el tijuanense para que él ganara las elecciones. Así es. El desastroso papel jugado por el Tesorero de Agúndez desprestigió de tal forma al anterior gobierno que con ello aseguró el triunfo el valle-dominguino. Pensado así, la ratificación en Finanzas no es sino un acto que muestra que nuestro gobernador es un hombre verdaderamente agradecido.

lunes, 23 de mayo de 2011

Los uniformes escolares, la honradez y la transparencia

El gobierno del Estado de Baja California Sur anuncia hoy en casi todos los diarios locales que el año escolar 2011-2012 serán entregados casi 74 mil uniformes a los niños de las escuelas primarias de todos los municipios. Indudablemente que es una medida que debe reconocérsele a la administración gubernamental en estos tiempos de fuerte crisis económica que golpea a casi todos los sectores de la población.

Sería un verdadero despropósito poner en tela de duda la pertinencia de esta política solidaria que si bien no resuelve problemas de fondo en la economía familiar, al menos si mitiga las preocupaciones más fuertes de los padres de familia al inicio del ciclo escolar.

Pero la justeza de la medida no debe servir, bajo ninguna circunstancia, para que los montos que en ella se inviertan justifiquen tropelías financieras, como las que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en el manejo de los fondos federales de la SEP en al menos los últimos tres años auditados.

En efecto, las irregularidades que la ASF encontró en la administración de los fondos para educación básica y normal de BCS en 2007, 2008 y 2009, sumadas, rebasan los 2,280 millones de pesos. Sólo en el último año auditado, las irregularidades de las que informó la ASF, sobrepasaron los 1,168 millones. Es una cifra a todas luces escandalosa. Ningún gobierno que se precie de honrado debiera permitir que las irregularidades pasadas, que no han sido solventadas con criterios técnicos apropiados, continúen buscando solución en las componendas políticas y electorales.

Un gobierno que empieza una política pública plausible, mal haría en dejarla a merced de la suspicacia que siempre acompaña a los procedimientos poco transparentes, como los que desafortunadamente fueron frecuentes en la administración anterior, en la que, para mala suerte de todos, la principal responsabilidad del correcto manejo financiero recaía en José Antonio Ramírez Gómez, cuya ratificación en el mismo puesto vuelve vulnerable la imagen de honradez de este gobierno en general, y la de esta política de los uniformes escolares, en particular.

No encuentro ninguna razón para que, después de los hallazgos de la ASF de múltiples deficiencias en la administración de los recursos federales, continúe José Antonio Ramírez Gómez a cargo de las arcas estatales. Sólo por mencionar algunas de las irregularidades de las que la ASF informó a la Cámara de Diputados del ejercicio 2009, hago referencia a los 1, 168 millones en la SEP; a los 595 millones en salud y a los más de 19 millones en el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

miércoles, 18 de mayo de 2011

José Antonio Ramírez Gómez: de indiciado a verdugo

Los actuales gobernantes decían en campaña, que con el corazón en la mano pedían el voto a los ciudadanos de Baja California Sur para alcanzar el verdadero cambio de gobierno que era tan necesario en nuestra entidad. Repetían, una y otra vez, que de todo corazón acudían a la buena voluntad de los sudcalifornianos para pedirles el voto a favor de un gobierno comprometido con las nobles familias de esta tierra que tan generosamente los había recibido y adoptado.

¿Cómo no iban a ser creídas esas palabras que parecían venir de un corazón desgarrado por las penurias de otras tierras que aquí fueron aliviadas?

En vibrantes discursos de campaña, aseguraban que nada había más importante para ellos que resarcir a los bajacalifornianos del sur de lo que la frivolidad del gobierno de Narciso Agúndez les había vedado. Nada hay más importante, insistían, que la fraternidad, reconciliación y unidad de las familias sudcalifornianas. Y junto a los discursos, se desplegaban interminables gráficas de una amorosa familia bien avenida.

¿Quién podría haber sido suficientemente suspicaz como para haber encontrado en aquellas imágenes una actitud de fingimiento premeditado?

Junto a los llamados a la reconciliación, los candidatos de entonces, clamaban, sin embargo, que la unidad de ninguna manera significaría impunidad para los que habían medrado la administración pública, para los que se habían enriquecido al amparo del poder y para quienes eran los responsables del quebrantamiento del patrimonio de todos los sudcalifornianos.

En estas circunstancias, decenas de miles de ciudadanos que, incluso, más de una vez habían votado por el PRD, decidieron dar su confianza a un candidato que reiteradamente decía hablar con la sinceridad y gallardía propias de los sudcalifornianos.

Pero, como frecuentemente sucede, lo que es cierto en campaña, no siempre lo es siendo gobierno.

Si existe una figura política en la vida sudcaliforniana que es emblemática por ser percibida por la ciudadanía como la fiel representación de la corrupción agundista , esa figura es la del tijuanense José Antonio Ramírez Gómez, el Tesorero de Narciso Agúndez Montaño que fue ratificado por Marcos Covarrubias como Secretario de Finanzas.

A causa de esas extrañas jugarretas de la historia, José Antonio Ramírez Gómez, quien sin ninguna duda debería ser cesado de su responsabilidad y ser sometido a investigación, juicio y, en su caso, castigado, hoy es el real verdugo de los burócratas más pobres que sin ninguna consideración en algunas áreas del gobierno están siendo hostigados con el propósito de hacerlos renunciar para que el programa de retiro voluntario ideado por el tijuanense les resulte más barato.

Pero el hostigamiento no siempre ha sido suficiente para hacer renunciar a los burócratas de más bajo nivel que necesitan tanto su trabajo. Y cuando esto sucede, el gobierno de la reconciliación familiar les retira todo tipo de compensaciones para que el trabajador no pueda siquiera subsistir con el sueldo base y, por tanto, se vea obligado a renunciar.

Esta es la verdadera historia que la gente menuda de la burocracia sudcaliforniana está viviendo día a día, mientras los gobernantes sonríen para que los medios de comunicación capten el optimismo y la simpatía que los caracteriza.

Ese es el verdadero vía crucis que padres de familia, sin padrinos, enfrentan hoy en la burocracia, mientras los gobernantes posan para los diarios y las revistas de gala que inusitadamente están inundando un nuevo mercado.

lunes, 9 de mayo de 2011

Razones por las que Marcos ratificó al Tesorero de Agúndez

1. Manejo irregular de los fondos de la SEP
Las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la aplicación de los fondos federales destinados a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur en 2008 y 2009, fueron por 790 millones y 1,168 millones de pesos, respectivamente. La suma de los manejos oscuros en esos dos años fue de 1,958 millones.

Omar Castro, el exsecretario de Educación, más de una vez ha dicho que el manejo de esos fondos y la rendición de cuentas corresponden a la Secretaría de Finanzas. Es decir, Castro Cota ha hecho recaer la responsabilidad de informar sobre este asunto en José Antonio Ramírez Gómez, quien se hizo cargo de las finanzas del gobierno precisamente a partir de 2008.

2. Deuda con la banca a largo plazo: 2,224 millones de pesos
Ese año, 2008, la deuda pública histórica del gobierno de BCS, acumulada en 33 años de existencia de nuestra entidad como estado libre y soberano, era de 731 millones de pesos; esto es, el gobierno había aumentado su deuda a un ritmo de poco más de 22 millones anuales, en promedio. Pero en 2009, año en que el manejo financiero ya fue responsabilidad plena de Ramírez Gómez, el crecimiento de la deuda fue de 1,284 millones. Este dato por sí mismo es evidencia de un verdaderodesastre en el manejo financiero. Pero todavía en 2010 tuvimos un incremento adicional de 209 millones, para cerrar nuestra deuda a largo plazo con la banca en 2,224 millones.

3. Deuda con Televisa a largo plazo: 360 millones de pesos
En 2009, Narciso Agúndez y José Antonio Ramírez firmaron con Televisa el compromiso del gobierno estatal de entregar al CRIT 8 millones de UDIS cada año, durante una década, lo que significará pagos que excederán los 360 millones de pesos con la empresa televisiva más grande de América Latina. Con este oneroso acuerdo,la deuda total a largo plazo alcanza un monto de 2,584 millones de pesos.

Pero los estragos financieros, que empezaron con el arribo de José Antonio Ramírez Gómez a la Secretaría de Finanzas, desafortunadamente no terminan con la deuda a largo plazo.

4. Deuda a corto plazo y deuda general: 3,347 millones
El balance general del gobierno del estado al 31 de diciembre de 2010 reporta una deuda a corto plazo por 1,989 millones 814 mil pesos, cantidad que si bien no puede ser considerada deuda pública en su totalidad, al menos los 763 millones con que es rebasado el activo circulante, deben presumirse y preverse como deuda pública general. Esos 763 millones, sumados a las cifras arriba detalladas, rebasan los 3,347 millones de pesos, el monto de lo que con un amplio margen de certeza podemos decir que es, conservadoramente, nuestra deuda general.

Veamos la misma información desde otro ángulo: en diciembre de 2008, año en que José Antonio Ramírez Gómez entró como secretario de Finanzas, la deuda pública acumulada en 33 años,según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era sólo de 731 millones de pesos. Hoy, es de 3,347 millones. Es decir, en tan sólo dos años como responsable del manejo de los dineros públicos, José Antonio Ramírez Gómez hizo crecer la deuda en 2,616 millones.

¿Consideró estos datos duros Marcos Covarrubias para tomar la decisión de ratificar al tesorero de Narciso Agúndez en el gobierno del cambio?

5. Pérdida de patrimonio: 1,392 millones
Ustedes disculparán la aridez de los datos estadísticos que hoy ofrecemos, pero desafortunadamente no es posible en esta ocasión prescindir de ellos, si queremos entender a cabalidad la debacle financiera del gobierno de BCS durante el tiempo en que José Antonio Ramírez Gómez ha sido secretario de Finanzas.

En el balance general de la Secretaría de Finanzas al 31 de diciembre del 2008 podemos notar que el patrimonio del gobierno del Estado era de 588 millones 706 mil 595 pesos. Pero dos años después, en el balance general de 2010 podemos percatarnos de que, por primera vez en la historia de Baja California Sur, nuestro gobierno tiene un patrimonio negativo por 256 millones 781 mil 857 pesos. En buen cristiano esto quiere decir que las finanzas del gobierno del estado están quebradas oficialmente en más de 256 millones de pesos, y que el quebranto desde 2008 -año en que José Antonio Ramírez Gómez se hizo cargo de la Secretaría de Finanzas- al 2010, fue por 845 millones 488 mil 452 pesos. ¡Extraordinario!

Pero nuestro asombro no termina con esos datos, pues el último balance anual de la Secretaría de Finanzas consigna como deuda a largo plazo sólo 633 millones de pesos, sin considerar los 1,136 millones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que el gobierno de BCS tiene garantizados principalmente con el impuesto sobre nómina a través de dos fideicomisos. Con esta nota de la SHCP entedemos que el verdadero monto con que el gobierno está quebrado, realmente, es de 1,392 millones de pesos. !Qué bárbaro! ¿Qué clase de gobierno desearía un secretario de Finanzas como el nuestro?